Un funcionario, un camión: la ecuación absurda

Felipe Miranda Rendic,country manager de Logisfashion

El jueves recién pasado, un funcionario de la PDI frustró un robo de camión en plena Autopista Central. Un detenido, cuatro prófugos.

Sin embargo, lo realmente revelador del caso es que el funcionario pasaba por ahí. No es una crítica, es simple estadística: las policías no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Y esa es, precisamente, la radiografía del país. En una economía que busca atraer inversión, la seguridad del transporte de carga depende hoy de que la geografía y el azar jueguen a favor.

Como dijo un expresidente, “no podemos tener un carabinero en cada esquina, pero sí un ciudadano honesto que contribuya a que Chile haga retroceder la delincuencia.” Seis años después, ese ciudadano honesto no está en la esquina, sino en la empresa. Es el empresario (a) que incorpora en su presupuesto una partida para “siniestralidad por robo”, como si fuera el arriendo o el pago de un crédito.

Y es que ya no hablamos de delitos menores. Hablamos de operaciones con precisión militar en plena Ruta 5, de bandas que actúan con planificación milimétrica y sincronización suiza.

Frente a ello, las empresas del rubro invierten en tecnología, sistemas predictivos y capacidades operativas para garantizar una logística sin incertidumbre. Pero toda esa infraestructura se vuelve frágil cuando el problema no está en la operación, sino en la delincuencia organizada que ha convertido nuestras rutas principales en zonas de riesgo permanente.

En ese contexto, la pregunta resulta inevitable: ¿un funcionario policial por camión? Suena absurdo, pero no más que la realidad. Hoy las compañías ya pagan seguridad privada, instalan rastreo satelital, contratan seguros con primas crecientes y reorganizan rutas según el riesgo delictual. 

Por eso, los empresarios no piden milagros. Los transportistas no piden privilegios. Ambos piden lo mismo: que funcione lo básico. Poder mover productos de A a B. Y tener la certeza de salir a trabajar y volver vivos a sus casas, sin depender de la suerte

El caso con el que comenzó esta columna lo resume bien: un detenido, cuatro prófugos. Un 80% de eficiencia criminal. En cualquier empresa, esos números serían señal de crisis terminal. En nuestro sistema, en cambio, se celebran porque “se salvó el camión”. Y casi nadie menciona que también se salvó una vida.

Por eso, lo que está en juego no es solo el clima de negocios. Son las vidas de miles de camioneros que mueven la economía del país con poco más que su experiencia y esperanza. Cuando un inversionista evalúa dónde poner su dinero, estos datos pesan. Pero también deberían pesar cuando decidimos qué tipo de país queremos ser.

Un funcionario por camión. La frase nació como un absurdo, pero refleja el dilema de fondo: ¿hasta qué punto una sociedad puede funcionar si quienes mueven la economía deben también protegerla?

Porque la verdadera ecuación absurda no está en la logística, sino en haber hecho del riesgo una rutina y del miedo, parte del trayecto. Y cuando eso ocurre, lo que se detiene no son los camiones: es nuestro país. Y hoy, más que nunca, detenernos es lo último que podemos permitirnos.